Un semestre no alcanzará (Opinión)

A 6 meses para que termine el gobierno de Gustavo Petro no se ha adelantado nada sobre la licitación y adjudicación del Canal Uno, ni siquiera los estudios previos, solo unos contratos para defensa jurídica que busca adelantar a como dé lugar una caducidad de contrato a Plural Comunicaciones que se publicó en el Secop II.

Ni de parte del Ministerio de las TIC ha adelantado algo, como tal, un proceso de prórroga a espaldas del presidente Petro, pero que de todos modos es un derecho que por ley debe darse ya que el artículo 34 de la ley 1978 de 2019 no hubo voluntad política para un otrosí modificatorio y ha quedado en letra muerta, literalmente.

Un semestre no sería posible realizar un cronograma para poder adelantar el paso a paso de una licitación y adjudicación de los espacios del Canal Uno, todo eso tarda hasta 9 meses, considerando que debe haber consideraciones para adjudicar, los habilitados para participar, las condiciones para quienes deseen inscribirse, el costo de dichos espacios y a cuántos se les va a adjudicar si se tiene en cuenta que por ley, el mínimo que tendrá una programadora es el 11 por ciento del prime time, que equivale a 2,5 horas semanales.

Tampoco sería posible que en medio de un gobierno saliente y un gobierno entrante se desarrolle dicha licitación, ya que si la ley establece que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones como la encargada no resulte con intermitencias durante el proceso. De otra forma sería, si por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones sea quien licite y adjudique, de ese modo, no tendría inconveniente al llevarse a cabo.

La razón es simple, si el (la) elegido(a) no es afín al gobierno de Petro o que sea de la oposición, surgirían muchos inconvenientes a partir de criterios de quien vaya a ocupar la cartera de las TIC o inclusive aplazarlos. No se puede dar por descontado que, por ahora, habrá continuidad.

No es cierto como se especula en redes sociales, que si no se lleva a cabo la licitación y adjudicación del Canal Uno, automáticamente le dará a Plural Comunicaciones otros 10 años más dizque por ley. No es así. Hasta no tener certeza que si en el Ministerio de las TIC esté adelantando el proceso de prórroga (proceso que debe ser público y vigilante por todo el país), por ahora, dicha programadora culminará el 30 de abril de 2027 y no hay nada que cambie.

Dudo mucho que en un semestre logre llevarse a cabo, y ese es el problema, que el presidente Petro ha entusiasmado en vano al país sobre un cambio de programación y tener hasta 8 meses de preparación de quien o quienes sean adjudicados el Canal Uno reemplazando la de Plural Comunicaciones y tampoco sería posible que al terminar su mandato sea adjudicado, incluso con resolución y la firma como la ejecución del contrato o contratos se dé en el gobierno entrante salvo que en el empalme lo acuerden darse lo que falta.

La responsabilidad política la tiene el presidente Petro con el país que prometió un cambio al Canal Uno y ni siquiera adelantar algo o adelantar para que el gobierno entrante lo ejecute.

Es pertinente decir que hasta la fecha, no ha dado la caducidad de contrato a Plural Comunicaciones, pero la amenaza sigue latente y les queda un semestre.

Si no pasa nada, de aquí hasta el 7 de agosto, Plural Comunicaciones seguirá como programadora del Canal Uno hasta el 30 de abril del año entrante. Cualquier cosa puede pasar, y siendo el gobierno de Petro será de sorpresa.

La responsabilidad de adjudicar y licitar el Canal Uno si Petro no lo hace, el gobierno entrante lo postergará para mediados de 2027, fecha en la cual Plural Comunicaciones si no tuvo una prórroga, desde mayo de 2027 hasta que se les adjudiquen RTVC asumirá los espacios del Canal Uno con el atenuante que se dejará de recibir unos 11 mil millones de pesos aproximadamente por la operación de los espacios que sirven para financiar el Fondo Único de las TIC.

Si bien el Ministerio de las TIC vuelve a tener el control de licitar y adjudicar el Canal Uno después de 28 años a manos de entidades como la Comisión Nacional de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión que pese a los cuestionamientos, muestra al menos la independencia aunque la autonomía quizá no. Es, una de las consecuencias de dejar que el gobierno de turno sea quien licite y adjudique y deje a una entidad convergente como la Comisión de Regulación de Comunicaciones para dar opiniones a pesar que en el caso de las telecomunicaciones y la televisión privada sean copartícipes.